AMLO en la Universidad Pedagógica 4 abril 2011

Sólo 20% de jóvenes pobres acceden a enseñanza superior. Periódico La Jornada.

El país, incapaz de evitar que origen social condicione destino educativo: Tuirán

Quienes tienen los ingresos más altos cuentan con cuatro veces más posibilidades de cursar ese nivel de estudios

El DF, la entidad donde más alumnos pueden llegar a licenciatura

Incrementar el número de becas, entre las opciones para que más alumnos de bajos recursos económicos accedan a la universidad. En la imagen, estudiantes y docentes de la UNAM que asistieron a una conferencia sobre cambio climático el año pasado. Foto María Meléndrez Parada

Karina Avilés

Periódico La Jornada
Lunes 3 de enero de 2011, p. 29

Hoy día sólo 20 por ciento de los jóvenes más pobres en el plano nacional acceden a la enseñanza superior, mientras aquellos con los ingresos más altos tienen una probabilidad cuatro veces mayor de cursar una carrera universitaria, desigualdad que evidencia la incapacidad del país para impedir que el origen de clase condicione el destino educativo, social y laboral de dicho sector, advierte el subsecretario de Educación Superior Rodolfo Tuirán.

Afirma que la disparidad económica y social, además de condicionar el ingreso a dicho nivel educativo, también contribuye a reproducir las divisiones sociales mediante el acceso selectivo a las instituciones, según el origen socioeconómico de los alumnos.

Así, el funcionario federal apunta que una nación con poca movilidad social tiene el peligro de generar frustración y resentimiento social, con los costos que todos conocemos.

En entrevista, Rodolfo Tuirán anuncia que, no obstante lo anterior, hoy se puede hablar de un recambio en la composición social de la matrícula universitaria, porque los grupos más desfavorecidos se incorporan cada vez más a la enseñanza superior: su número aumentó de 458 mil en 2004 a más de 700 mil en la actualidad.

Lo anterior, añade, podría beneficiar una inserción más favorable del país a la economía del conocimiento y un aumento de la competitividad y la productividad. Además, reforzar el papel de la educación como palanca de movilidad y cohesión social, apuntalando a las clases medias, y reducir las brechas en el acceso a la enseñanza profesional. La masificación de la educación superior, destaca, es la base de la construcción de una ciudadanía democrática.

El funcionario explica que la inequidad en el ingreso a la educación superior es resultado de un proceso en el que se acumulan múltiples situaciones de exclusión en la biografía de los jóvenes.

De acuerdo con datos de la subsecretaría que Tuirán encabeza, las brechas están marcadas por región, origen rural-urbano, entre las mismas zonas metropolitanas y por entidades federativas. Así pues, las diferencias entre la ciudad de México y un estado como Querétaro son abismales.

En la capital del país 57 por ciento de jóvenes acceden a dicho nivel de estudios. En contraste, la cifra para los jóvenes queretanos es de apenas 16 por ciento, el índice más bajo a escala nacional.

Después del Distrito Federal, las entidades con más altos porcentajes en materia de cobertura de enseñanza superior son Nuevo León (38 por ciento), Sonora (37 por ciento), Nayarit (37 por ciento), Sinaloa (36 por ciento) y Colima (35 por ciento).

Los estados con más baja cobertura después de Querétaro son Chiapas (18 por ciento), Oaxaca (18 por ciento), Guerrero (19 por ciento), Guanajuato (20 por ciento) y estado de México (21 por ciento).

Por regiones, las distancias son igualmente marcadas. Mientras en las zonas sur y península accede 15 por ciento a educación superior y poco más de 20 por ciento, respectivamente, en el noreste lo hace más de 35 por ciento y en la capital y la región este 30 por ciento.

El programa sectorial planteó como meta pasar de 15 a 18 estados, con un nivel equivalente a 25 por ciento o más de jóvenes que acceden a dicho nivel educativo. Ese objetivo ya fue superado, debido a que 24 entidades rebasaron ese índice en 2010.

Sin embargo, México aún está lejos de tener igualdad de oportunidades en acceso a enseñanza superior: 20 por ciento de jóvenes provenientes de los hogares con menores ingresos asiste a la universidad; esto es, 7 por ciento más en comparación con 2004, cuando la cifra era de 13 por ciento.

La desigualdad social y económica limita el ejercicio pleno del derecho a la enseñanza en ese sector, señala Tuirán. De esta manera, abunda, el país desperdicia uno de los activos más importantes con que cuenta (el potencial de sus jóvenes), mostrándose incapaz de impedir que el origen social condicione en buena medida el destino educativo, social y laboral de esa población.

Pero además, advierte, dicha desigualdad condiciona el acceso a “circuitos diferenciados de calidad según el origen socioeconómico o el tramo de ingreso de los estudiantes, con lo cual contribuye a reproducir las divisiones sociales.

Este acceso selectivo se puede entender a partir de la diferenciación social entre instituciones (de mayor a menor calidad), que genera a su vez una diferenciación social entre estudiantes. Así, la universidad o institución a la cual se ingresa es tan importante como acceder o no a la educación superior.

La exclusión se refleja en el rezago educativo o en el abandono temprano de la escuela, lo cual condena a los jóvenes a seguir trayectorias marcadas por la precariedad laboral, la baja productividad y los bajos ingresos, escasos niveles de bienestar y frustración, sostiene.

Por ello considera que para aumentar las probabilidades de acceso y permanencia a dicho nivel educativo por los jóvenes de bajos recursos es necesario multiplicar las oportunidades que brindan los programas de becas tanto de los diferentes órdenes de gobierno como de las instituciones públicas y particulares de enseñanza.

Refiere que dichos apoyos económicos se incrementaron de 162 mil en el ciclo 2006-2007 a más de 302 mil en el 2009-2010, lo cual equivale a un crecimiento de 87.1 por ciento.

Extranjeros abandonan las universidades de México ante la creciente violencia. Periódico La Jornada.

Casi 60 mil alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás no acudieron a clases

Alumnos en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Foto María Meléndrez Parada

César Arellano y Laura Poy

Periódico La Jornada
Viernes 31 de diciembre de 2010, p. 34

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que las universidades del país no sólo son vulnerables a los hechos delictivos del crimen organizado, sino que un efecto directo de la violencia es el debilitamiento de su quehacer esencial: la docencia.

El subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, señaló que frente a la percepción de creciente inseguridad, algunas universidades extranjeras han reaccionado limitando el intercambio con instituciones mexicanas, lo que ha generado que miles de estudiantes de otras naciones abandonen sus estudios universitarios en México.

Sin embargo, en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la SEP buscará consolidar los programas de intercambio estudiantil con Brasil, España y países de Centroamérica, con la finalidad de que esta percepción de inseguridad, eventualmente sea contrarrestada con el fortalecimiento de mecanismos de resguardo que se impulsan en todas las universidades del país.

Cabe mencionar que al menos tres estudiantes universitarios de instituciones del norte del país fueron asesinados y dos secuestrados en este año. A ello se suma un creciente número de alumnos extranjeros que han abandonado sus estudios en universidades públicas y privadas debido a las condiciones de violencia en el país.

Se estima que en la Universidad Autónoma de Tamaulipas poco más de 2 mil 300 jóvenes que cursaban alguna licenciatura en sus aulas regresaron a sus lugares de origen en Estados Unidos, Canadá, España y América Latina, mientras integrantes de la comunidad de la Universidad Iberoamericana en La Laguna cambiaron su residencia.

A esto se suma que durante los primeros días de diciembre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo suspendió temporalmente sus clases por la violencia que enfrentó la entidad, lo que ocasionó que cerca de 60 mil alumnos de licenciatura no acudieran a las aulas.

Pese a este escenario de violencia que enfrentan las universidades estatales, Tuirán Gutiérrez insistió en que se trata de hechos aislados, aunque reconoció que el tema de la inseguridad en estas instituciones es relevante, debido a que no sólo está en juego, eventualmente, la integridad de las personas, sino el desarrollo de las instituciones de educación superior, el cual exige condiciones básicas de seguridad, pues sólo en esa medida es posible su florecimiento.

Prueba de ello, señaló, es que las universidades agrupadas en la ANUIES están fortaleciendo su capacidad de respuesta ante las condiciones de inseguridad en sus entidades, al igual que el subsistema de tecnológicos, porque consideramos que no sólo es relevante cuidar su quehacer esencial, sino garantizar que los integrantes de las comunidades universitarias tengan la seguridad y las medidas de prevención que se requieren para su desarrollo y seguridad personales.

La Jornada: Hay un movimiento en marcha por la seguridad en las universidades: Tuirán

No se ha aprobado ningún manual para las 150 afiliadas: ANUIES

Hay un "movimiento en marcha" por la seguridad en las universidades: Tuirán
César Arellano y Laura Poy

Periódico La Jornada
Jueves 30 de diciembre de 2010, p. 33

Ante la ola de violencia que afecta a gran parte del país, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, afirmó que hay un "movimiento en marcha" para fortalecer los mecanismos de seguridad de las universidades e institutos públicos estatales, tecnológicas y politécnicas. La finalidad es garantizar que "todas cuenten con protocolos de seguridad que permitan que las comunidades tengan capacidad de respuesta frente a cualquier eventualidad o riesgo inminente".

Sin embargo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) aseguraron que no se ha aprobado ningún manual o protocolo de seguridad que sea de aplicación obligatoria para las poco más de 150 instituciones afiliadas. Marco Antonio Cortés Guardado, rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), indicó que "hasta el momento no se ha aprobado nada, y cada institución está asumiendo con sus recursos las tareas de seguridad en los campus".

Entrevistado por separado, Tuirán destacó el esfuerzo que realizan las instituciones de educación superior para contar con planes en materia de seguridad, y citó como ejemplo la labor realizada por las universidades e institutos tecnológicos, que agrupan a uno de cada seis jóvenes que cursan estudios superiores, las cuales, explicó, han elaborado sus "propios manuales o protocolos, que incluyen acciones de protección civil, de seguridad frente a hechos delictivos, así como una amplia gama de este tipo de mecanismos".

En cuanto a la inversión que cada institución deberá realizar para garantizar la seguridad en sus campus, reconoció que la Cámara de Diputados "no autorizó explícitamente un rubro dedicado a fortalecer la seguridad, sino que está considerado como parte de los gastos de operación de las universidades".

Agregó que en los pasados cuatro años el subsidio ordinario, del cual dependen las universidades e instituciones públicas de educación superior, se ha incrementado en "40 por ciento en términos nominales y 25 por ciento en términos reales. Sería deseable que con esos incrementos, las universidades pudieran tener capacidad de respuesta".

Al respecto, Cortés Guardado afirmó que para afrontar los problemas de inseguridad "sólo tenemos el subsidio ordinario, e implica todo un esquema que incluye una coordinación de seguridad en toda la universidad, así como en sus distintos campus".

Apuntó que para 2011 se destinarán cerca de 10 millones de pesos a estas tareas, que "son recursos que nos llegan del presupuesto tanto federal como estatal. No tenemos otra fuente de ingresos para garantizar la integridad física de los alumnos".

En la UdeG, indicó, "vamos a mantener el esquema de seguridad hasta donde sea posible con los recursos que tenemos. Esto implica control de acceso al campus, contratación de cuerpos de seguridad y equipamiento. Todo esto debe cubrirse con el presupuesto aprobado para la universidad, lo que nos obliga a realizar un gasto eficiente, sin escatimar en prioridades".

En tanto, Tuirán insistió en que garantizar la seguridad requiere de "mecanismos relativamente baratos", como instalación de cámara de seguridad, sistemas de vigilancia y control de acceso en los campus, pues la seguridad depende más de la "capacidad de respuesta de las comunidades, que de modificar radicalmente las condiciones físicas de las instalaciones".